Bonificación 99,9% Impuesto Sucesiones y Donaciones

Vuelve la bonificación en Canarias que estuvo vigente en 2009 hasta junio de 2012

Se trata del ahora te lo doy , luego te lo quito, y ahora te lo vuelvo a dar y dependiendo del lugar de españa de donde seas residentes, que en este impuesto no somos todos iguales.

Se trata de la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones de un 99,9% a partir del 1/1/ 2016 para los sujetos pasivos incluidos en el grupo I y grupo II que se incluye en la leuy de presupuestos para 2016.

Lo beneficiados son:

GRUPO I: Descendientes y adoptados menores de veintiún años

GRUPO II: Descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes

Aplicarán una bonificación del 99,9 por 100 de la cuota tributaria derivada de las adquisiciones «mortis causa» y de cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario».

 

Anulado el canon digital por contravenir el derecho comunitario

La Sala Tercera del TS ha anulado el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado ( ‘canon digital‘), por ser contrario al derecho de la UE.

Dice que “si una norma jurídica nacional es contraria al derecho de la Unión Europea, ha de ser inaplicada independientemente de que además pueda ser inconstitucional. El deber que pesa sobre todos los órganos judiciales nacionales de inaplicar –por sí solos, sin plantear previamente cuestión alguna al propio Tribunal Constitucional- las normas jurídicas nacionales contrarias al derecho de la Unión Europea es una exigencia dimanante del principio de primacía de éste”. Por ello rechaza la pretensión del abogado del Estado de suspender el procedimiento hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso planteado contra el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014, que hizo suya la regulación por Decreto-Ley de 2011 del actual ‘canon digital’ con cargo a los Presupuestos.

Propiedad Intelectual

 

 

El sobrino politico en el Impuesto de Sucesiones

El Tribunal Supremo reconoce  el derecho de un sobrino político a la reducción por razón de parentesco en la liquidación del impuesto sobre sucesiones al equipararlo a los mismos parientes consanguíneos que sí se benefician de dicha reducción cuando deben liquidar el pago tras recibir una herencia.
 La sentencia de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal considera que a los sobrinos políticos hay que incluirlos en el Grupo III –familiares colaterales de cuarto grado– al tratarse de un parentesco que no desaparece al fallecer la persona que servía de vínculo
la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madid había girado una  una liquidación provisional por entender que el parentesco por afinidad se mantiene sólo si a la fecha del devengo del impuesto subsistía el vínculo que los unía.

Vínculo no disuelto
 La Administración entendió que el parentesco dependía del matrimonio y, por lo tanto, nació cuando éste se contrajo y cesó cuando se disolvió por la muerte del tío.
La sentencia resuelve siguiendo su doctrina que “una vez que el vínculo de afinidad existe, el pariente (en este caso “sobrino político”) debe encuadrarse en el grupo III.  “Donde la ley no distingue no cabe distinguir”, para concluir que es obvio que el legislador no ha querido que existieran diferencias entre los colaterales por consanguinidad y por afinidad, derogando las normas contrarias que han estado vigentes, reglamentariamente, hasta 1967.
La inclusión de los sobrinos por afinidad en el Grupo III procede aun cuando hubiera fallecido la persona que servía de vínculo entre el causante y el sobrino por afinidad.
 

Entorno calle Perojo. Plan Especial

 

En el BOC de 27 de septiembre de 2016 se somete a información pública el borrador del Plan Especial de Ordenación “Entorno de la Calle Perojo” (APR-18), y el documento ambiental estratégico en el procedimiento de elaboración de la evaluación ambiental estratégica simplificada.

Anuncio de 19 de septiembre de 2016, Descargar en formato pdf

Mientras no se apruebe definitivamente,  sigue vigente el Plan especial de Protección «Entorno de la calle Perojo» (API-02). publicado el 10 de Febrero de 2004  , con aprobacion inicial Boletín del 2001-08-20 , y las licencias se someten a ambas restricciones.

 

Catálogo de Protección PGO 

 

perojo

VPO con alquiler superior al legal

Viviendas de protección oficial: renta superior a la permitida conforme a su normativa reguladora.

 

            «Se reitera como doctrina jurisprudencial que en los contratos de arrendamientos de vivienda sometidos al régimen de las viviendas de protección oficial, son nulas las cláusulas que establezcan una renta superior a la permitida conforme a su normativa reguladora, por lo que las partes deberán acomodar la renta a las previsiones contenidas en la legislación aplicable.»

            [Fallo de la Sentencia  de 25 de marzo de 2011 (RC 1268/2006), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos].

Sobre la acreditacion del uso de vivienda en la inscripcion padronal

La función del padrón municipal es la incripcion de los vecinos del municipio, para ello basta la comprobación de la residencia en el término municipal.

Es una cuestión de hecho,  para la inscripción puede comprobarse la veracidad del domicilio, pero no se trata de un procedimiento de prueba prueba sobre el derecho de ocupación subyacente , ni siquiera es discutible la situación de habitabilidad legal del domicilio, así son posibles las inscripciones en infraviviendas ( caravanas, chavolas)  o la residencia sin título de ocupación y contra la voluntad de los propietarios ( «ocupas»)

Así se reflejaba en la resolución de 4 de julio de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal.«BOE» núm. 177, de 25 de julio de 1997, sobre la Comprobación de datos, dice:

«

El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los derechos que puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni por los derechos que podrían derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel hecho.

En consonancia con este objetivo, la norma fundamental que debe presidir la actuación municipal de gestión del Padrón es la contenida en el artículo 17.2 de la Ley de Bases de Régimen Local: «Realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad».

Por ello, las facultades atribuidas al Ayuntamiento en el artículo 59.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para exigir la aportación de documentos a sus vecinos tienen como única finalidad «comprobar la veracidad de los datos consignados», como textualmente señala el propio artículo.

En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho.

Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino «el título que legitime la ocupación de la vivienda» (artículo 59.2 del Reglamento) no atribuye a las Administraciones locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada, sino que tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.

Por ello, este título puede ser una escritura de propiedad o un contrato de arrendamiento, pero también un contrato de suministro de un servicio de la vivienda (agua, gas, electricidad, teléfono, etc.), o, incluso, no existir en absoluto (caso de la ocupación sin título de una propiedad ajena, sea pública o privada). En este último supuesto, el gestor municipal debería comprobar por otros medios (informe de Policía local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón, con completa independencia de que el legítimo propietario ejercite sus derechos ante las autoridades o tribunales competentes, que nunca serán los gestores del Padrón.

Cuando un ciudadano solicite su alta en un domicilio en el que ya consten empadronadas otras personas, en lugar de solicitarle que aporte el documento que justifique su ocupación de la vivienda, se le deberá exigir la autorización por escrito de una persona mayor de edad que figure empadronada en ese domicilio.

«

Esta resolución ha sido sustituida por la Resolución de 30 de enero de 2015, pero  sin haber cambiado en estos puntos  en la Ley de Bases de Régimen Local y en El Reglamento de Servicios, por lo que la interpretación de la instrucción anterior es presumiblemente ajustada a derecho y la nueva que la sustituye no la contradice al decir:

 

2.3 Documentación acreditativa del domicilio de residencia.

El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los derechos que puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni por los derechos que podrían derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel hecho.

En consonancia con este objetivo, la norma fundamental que debe presidir la actuación municipal de gestión del Padrón es la contenida en el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, donde dice que los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad.

Por ello, las facultades atribuidas al Ayuntamiento en el artículo 59.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para exigir la aportación de documentos a sus vecinos tienen como única finalidad «comprobar la veracidad de los datos consignados», como textualmente señala el propio artículo.

En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho.

Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino «el título que legitime la ocupación de la vivienda» (art. 59.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales) no atribuye a las Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada, sino que tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.

Por ello, este título puede ser:

– Título de propiedad (Escritura, contrato de compraventa, Nota del Registro, comprobación de bases de datos municipales donde conste dicha propiedad, etc.)

– Contrato vigente de arrendamiento de vivienda para uso de residencia habitual acompañado del último recibo de alquiler.

El Ayuntamiento tiene la potestad de aceptar otros documentos, hechas las comprobaciones que considere oportunas (suministros de luz, agua, etc.).

Asimismo, el gestor municipal podrá comprobar por otros medios (informe de Policía local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón.

3. Casos especiales de empadronamiento

3.1 Empadronamiento en un domicilio en el que ya constan empadronadas otras personas.

Cuando un ciudadano solicite su alta en un domicilio en el que ya consten empadronadas otras personas, en lugar de solicitarle que aporte el documento que justifique su ocupación de la vivienda, se le deberá exigir la autorización por escrito de una persona mayor de edad que figure empadronada en ese domicilio. La persona que autorice deberá disponer de algún título acreditativo de la posesión efectiva de la vivienda (propiedad, alquiler…) a nombre de la misma.

Si, con ocasión de este empadronamiento, la Administración municipal advirtiera que las personas que figuran empadronadas en ese domicilio lo han abandonado, aceptará el empadronamiento de los nuevos residentes en la vivienda conforme al procedimiento ordinario, y, simultáneamente, iniciará expediente de baja de oficio en su Padrón de las personas que ya no habitan en ese domicilio.

3.2 Empadronamiento en establecimientos colectivos.

Cuando el alta se produzca en un establecimiento colectivo (residencias, conventos, etc.) la autorización deberá ser suscrita por la persona que ostente la dirección del mismo. En estos casos se hará constar en el apartado «tipo de vivienda» de la hoja padronal la mención «colectiva». En los demás casos, el tipo de vivienda es «familiar».

3.3 empadronamiento de personas sin domicilio.

Como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón.

 

Viviendas turísticas en edificios residenciales.

El Juzgado de Primera Instancia nº 32 de Barcelona, de 20 de septiembre de 2012 había declarado que la actividad desarrollada por los propietarios de las viviendas destinadas al uso turístico es «molesta para los vecinos, comporta un uso excesivo de las instalaciones comunes y es contraria a la convivencia normal de la comunidad», condenándo a cesar en dicha actividad.

 

Pero El TSJ de Cataluña en sentencia de fecha 19 de mayo de 2016 (Sentencia número 37/2016)  corrije esta sentencia, y desestima la demanda de unos vecinos de una comunidad de propietarios de un edificio donde había un piso de uso turístico. su decisión revoca la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que había considerado que la actividad desarrollada por los dueños de estos apartamentos turísticos era molesta para los vecinos y que «era contraria a la convivencia normal».

El TSJ de Cataluña considera además que «el uso de la vivienda que nos ocupa en este recurso de casación con fines turísticos, no consta que estuviera prohibido en los estatutos comunitarios cuando se inició la actividad».