La Partición de Herencia.

La partición de la herencia es el reparto de los bienes del fallecido entre los herederos en proporción a la cuota que a cada uno de ellos corresponde.
Es un derecho del heredero,  por lo que basta que cualquiera lo pida para que tenga que realizarse y puede hacerse de varias formas:

1- Por acuerdo de todos los herederos. Es el deseable por :

  • Un acuerdo normalmente da un resultado más satisfactorio para todos que la realizada por el contador-partidor designado notarial o judicialmente.
  • Considerable ahorro de gasto a la masa hereditaria. Los honorarios del contador-partidor son de unos 50.000 € para una masa hereditaria de 1.500.000 € ( criterio 61 baremo honorarios abogados).
  • Puede ser el procedimiento más ágil.

A pesar de sus evidentes ventajas , desgraciadamente no siempre es posible por  malas relaciones entre los herederos, falta de dispoción para aportar concesiones para un consenso, …..

2- Procedimiento Notarial.  Novedad de la reforma de jurisdicción voluntaria de 2015. Se realiza a peticion de un 50% de la masa hereditaria. El notario designa al contador partidor que corresponda por turno en la lista facilitada por los colegios profesionales y aprueba la partición. Es bastante más rapida que la vía judicial. LLegva honorarios del Notario con cargo a la masa hereditaria.

3- Procedimiento Judicial a petición de cualquier heredero. Además del contador-partidor conlleva gastos de Abogados y Procuradores de las partes.

 

La operativa particional consiste en relacionar los bienes , asignarles  valores y  adjudicar a cada heredero su parte.

 

Impuesto de Donaciones tras sentencia europea 2014

 Donaciones o transmisiones “inter vivos”.

 Donaciones de bienes inmuebles:

Situados en España:

Según residencia del sujeto  pasivo ( beneficiario, donatario)

residentes tributan por la hacienda y normativa de la Comunidad Autónoma donde está situado  el inmueble.

No residentes comunitarios quedan sujetos a la competencia estatal, pero se aplica la normativa de la CA del lugar de situación del inmueble

No residentes extracomunitarios resultan sometidos a la hacienda y normativa estatal.

Situados en un Estado de la UE o del EEE

los no residentes comunitarios y extracomunitarios quedan no sujetos al Impuesto (sujeción por obligación real) mientras que los residentes quedan sujetos a la competencia estatal, pero se aplica la normativa de la CA de su residencia.

.- Situados en el extranjero fuera del ámbito territorial de un Estado de la UE o del EEE: los no residentes comunitarios y extracomunitarios quedan no sujetos al Impuesto (sujeción por obligación real) mientras que los residentes quedan sometidos a la competencia y normativa estatal.

Donaciones de otros bienes y derechos:

Situados en España:

los residentes tributan por la hacienda y normativa de la CA de su residencia.

No residentes comunitarios quedan sujetos a la competencia estatal, pero se aplica la normativa de la CA del lugar de situación del bien el mayor número de días del período de los cinco años inmediatos anteriores al devengo; y los no residentes extracomunitarios resultan sometidos a la hacienda y normativa estatal.

 Situados en el extranjero:

No residentes comunitarios y extracomunitarios quedan sin sujecion  mientras que los residentes quedan gravados por la hacienda y normativa  de su Comunidad Autónoma de residencia.  (obligación personal).

Es decir que la donación de un fondo en una cuenta corriente en el extrajero a no residente no está gravada.

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Documentos:

  • Escritura de préstamo
  • Extracto de las cuotas pagadas o un recibo de cada revisión de intereses.

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¿ Café Justo ?

OXFAM vende café de comercio justo a 2,59 € paquete de 250 g

OXFAM es una Multinacional ONG y lo comercializa “procedente de familias de America y Africa”. La trazabilidad es uno de las caulidades que se le atribuyen al producto, pues bien investiguemos su procedencia.

LOS PAISES JUSTOS

La procedencia declarada se limita a dos paises de America y dos de Africa.

Nicaragua: Donde Reina por añísimos el todopoderoso Daniel Ortega con el Frente Sandinista, continuamente reelegido por porcentajes sospechamente altos, típico de los regímenes totalitarios.

Guatemela: Con continuos cambios presidenciales, recién Presidida por un actor, un tal Jymi que se le nota su nula experiencia politica, salió de un partido militarista y ya hay desencanto con su populismo, están detenidos su hijo y su hermano por corrupción.

Uganda: Con un hombre fuerte fuertísmo de muchismos años de gobierno monopartidista. relacionado con los “felowships”, movimiento fundamentalista cristiano yankee.

Tanzania: Desde que existe como país aquí manda el Partido Revolucionario Socialista de Tanzamia.

En común tienen que son cuasi tiránicos, dos de un color y dos de otro. Pero esta diversidad es ficticia , todo el café OXFAM viene de AG Nicaragua.

El PRODUCTO JUSTO

Curiosamente el café no es producto de mayor valor añadido para las familias cultivadoras, pero sí es el más requerido para el negocio internaciona, tienen la calificacio de “comodity” , como el la harina, el petroleo, … porque es un producto de calidad determinada ( arabiga) con mercado internacional líquido, más o menos volátil, y negociable tanto al contado como a futuro (CDF)

Esto permite un apalancamiento fianaciero para mayores benefícios ( o perdidas) de los traders,  en el caso de los productores, limita los beneficios, y aumenta el riego de ruina , por mala o buena cosecha, a cambio de la seguridad en el precio minimo futuro.

EL PRECIO JUSTO

El precio es similar a los comunes del café  2,5 € el paquete de 250 gr, es decir 10 € / KG.

La supuesta eliminación de intermediarios con la compra directa a las familias no hace que el precio sea menor, cosa que no es justo con los consumidores, pero bueno, queda la esperanza que sea en favor de la justicia con los productores.

Los cultivadores perciben por el café el precio mínimo FLO, que es el marcado por la empresa FAIRTRADE , la monopolizadora de la etiquetas de Comercio justo que lo ha establecido en 1,35 $ / libra, ( 2,82 €/kg) desde el año 2011, sobre  la mitad del precio internacional en 2011 que osciló entre 2.40 y 3.02 usd/libra.

La diferencia entre el máximo 10 € /kg cobrado a los consumidores y el mínimo 2.82 €/kg pagado a los cultivadores es un 255 % que sigue estando en la intermediación, antes asquerosos especuladores capitalistas, ahora llamadas ONG sin animo de lucro anticapitalistas : OXFAM y AG.

EL PRODUCTOR JUSTO.

No son familias las productoras, las que entrgan el café “madre tierra” de OXFAM son exclusivamente mujeres. “jefas del hogar” en la terminología de la Ley sandinista  717 CREADORA DEL FONDO PARA COMPRA DE TIERRAS CON EQUIDAD DE GÉNERO PARA MUJERES RURALES 

Aquí las personas son discriminadas por sus genitales, Para mí no es justo, soy creyente de la igualdad y no discrimanacion de los seres humanos por razón de su raza, sexo o creencias.

Pero es que oxfam no compra el café a personas , compra a AG ( Aldea Global), un ente nicaraguence implicado con el sistema gubernativo a precio desconocido y AG paga el precio mínimo flo descrito a los productores, con lo cual participa este ente en la tarta del 255 %

EL MARKETING JUSTO

La estrategia de venta del café OXFAM no es por su calidad o precio,  se diferencia de sus competidores en que es un producto de comercio justo,  se vende por Justicia y eso es lo que he buscado y no he he hallado.

Se trata simplemente de un café sandinista.

 

Accidentes deportivos: cobertura sanitaria y de emergencias.

Está siendo frecuente la creencia de la necesidad de federación o aseguramiento para actividades deportivas con la justificación de la cobertura de asistencia sanitaria y de emergencias.

La federación  sólo es obligatoria para la participacion en competiciones oficiales organizadas por dictadas federaciones de clubes deportivos. La cuota federativa incluye un seguro asociado porque las federaciones están obligadas a cubrir los accidentes de deportistas durante dichas competiciones oficiales.

Asistencia Sanitaria

Ahora la cobertura sanitaria de la seguridad social es universal y no una prestación contributiva ( desde la Ley 33/2011). Esto significa que es una cobertura estatal obligatoria para todos los ciudadanos (de forma gratuita o en copago en su caso) . Hay ocaciones en que por la prestación sanitaria sí genera una facturación de los servicios sanitarios por el sistema de Seguridad Social en el caso de que hubiera un “tercero obligado al pago” de los servicios, como es el caso de accidentes de circulación ( que deben ser cubierto por seguros obligatorios) , los delincuentes respecto a los daños causado a las victimas del delito, los accidentes laborales a cargo de las mutuas o la federaciones deportivas en los accidentes de participantes en competiciones  oficiales  ( así pues no es el caso de la libre práctica deportiva).

Recursos de Emergencias

En cuanto a los gastos de los medios de emergencias son servicio público gratuito. Pero también hay una excepciones, en determinados casos excepcionales se justifica el pago de la tas ( presunto coste de los servicios).

Como excepciones que son deben ser de interpretadas restrictivamente, y están justificadas sólo por un especial y excepcional riesgo provocado por el propio sujeto, como cuando contravienen las elementales normas de seguridad, llamadas de falsas emergencias, o en practicas especialmente peligrosas, no por actividades deportivas ordinarias, con un riesgo ordinario.

Y tiene que estar previamente establecidas dichas tasas, cosa que no ocurre por ejemplo con el rescate de la guardia civil.

En Canarias estas tasas están reguladas en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio, y publicado en el BOC el 10 de agosto de 1994,  norma fue modificada por la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, publicada en el BOC el 26 de junio de 2012, y que introdujo el Título XIII, que regula esta materia. (arts.171 a 175).

TASAS POR LA PRESTACIÓN DE DETERMINADOS SERVICIOS DE BÚSQUEDA, RESCATE Y SALVAMENTO REALIZADOS POR EL GRUPO DE EMERGENCIAS Y SALVAMENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Artículo 171 Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de servicios de búsqueda, rescate y salvamento de personas que conlleve la movilización de medios personales y materiales afectos al Grupo de Emergencias y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Canarias, bien sea de oficio o a requerimiento de parte, siempre que la prestación de tales servicios se produzca en cualquiera de los siguientes supuestos:

  • a) Cuando la búsqueda, rescate o salvamento se realice con ocasión de la práctica de actividades recreativas o deportivas que entrañen riesgo o peligro para el sujeto pasivo. A los efectos de la aplicación de esta tasa se considerarán actividades recreativas y deportivas que entrañan riesgo o peligro para las personas, entre otras, las siguientes, así como sus distintas modalidades y estilos:

submarinismo, travesía de natación, windsurfing, flysurf, esquí acuático, wakeboard, wakesurf, skurfer, motos de agua, bodyboard, surf, rafting, hydrospeed, piragüismo, remo, descenso de cañones y barrancos, puenting, goming, kite buggy, quads, escalada, espeleología deportiva o “espeleismo”, bicicleta en montaña, motocross, vehículos de motor en montaña, raid y trec hípico, marchas y turismo ecuestre, esquí, snowboard, paraski, snowbike, skibike, aerostación, paracaidismo, salto base, vuelo de ultraligeros, vuelo en aparatos con motor y sin motor, parapente, ala delta y parasailing.

El senderimo no está incluido como actividad de riego, como es lógico, pues precisamente el sendero es un paso normal para caminantes. en este sentido está reconociudo como excluido por el propio folleto de emergencias del Gobierno de Canarias

  • b) Cuando la búsqueda, rescate o salvamento sea consecuencia de la inobservancia por el sujeto pasivo de señales de advertencia de peligro, prohibición u obligación, convenientemente ubicadas en las zonas de riesgo, así como de la realización de usos o actividades prohibidas en espacios naturales o careciendo de la preceptiva autorización para ello.
  • c) Cuando la búsqueda, rescate o salvamento tenga lugar como consecuencia de la exposición del sujeto pasivo a una situación de riesgo derivada de la inobservancia de las precauciones, instrucciones, avisos u orientaciones de autoprotección emitidas por el órgano competente en materia de seguridad y emergencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Estado o de la correspondiente Administración Territorial.
  • d) Cuando las personas buscadas, rescatadas o salvadas no dispusiesen del equipamiento adecuado al desarrollo de la actividad.
  • e) Cuando la movilización de medios personales y materiales se produzca a solicitud o como consecuencia de la información suministrada directamente al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad por el sujeto pasivo, pudiéndose advertir posteriormente que no concurrían las circunstancias objetivas alegadas por el mismo para justificar la necesidad de dicha movilización, así como en el caso de simulación de existencia de riesgo o peligro o en el supuesto de llamadas falsas a los servicios de emergencia.

VPO con alquiler superior al legal

Viviendas de protección oficial: renta superior a la permitida conforme a su normativa reguladora.

 

            «Se reitera como doctrina jurisprudencial que en los contratos de arrendamientos de vivienda sometidos al régimen de las viviendas de protección oficial, son nulas las cláusulas que establezcan una renta superior a la permitida conforme a su normativa reguladora, por lo que las partes deberán acomodar la renta a las previsiones contenidas en la legislación aplicable.»

            [Fallo de la Sentencia  de 25 de marzo de 2011 (RC 1268/2006), Ponente Excmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos].

Sobre la acreditacion del uso de vivienda en la inscripcion padronal

La función del padrón municipal es la incripcion de los vecinos del municipio, para ello basta la comprobación de la residencia en el término municipal.

Es una cuestión de hecho,  para la inscripción puede comprobarse la veracidad del domicilio, pero no se trata de un procedimiento de prueba prueba sobre el derecho de ocupación subyacente , ni siquiera es discutible la situación de habitabilidad legal del domicilio, así son posibles las inscripciones en infraviviendas ( caravanas, chavolas)  o la residencia sin título de ocupación y contra la voluntad de los propietarios ( “ocupas”)

Así se reflejaba en la resolución de 4 de julio de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal.«BOE» núm. 177, de 25 de julio de 1997, sobre la Comprobación de datos, dice:

El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los derechos que puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni por los derechos que podrían derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel hecho.

En consonancia con este objetivo, la norma fundamental que debe presidir la actuación municipal de gestión del Padrón es la contenida en el artículo 17.2 de la Ley de Bases de Régimen Local: «Realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad».

Por ello, las facultades atribuidas al Ayuntamiento en el artículo 59.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para exigir la aportación de documentos a sus vecinos tienen como única finalidad «comprobar la veracidad de los datos consignados», como textualmente señala el propio artículo.

En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho.

Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino «el título que legitime la ocupación de la vivienda» (artículo 59.2 del Reglamento) no atribuye a las Administraciones locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada, sino que tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.

Por ello, este título puede ser una escritura de propiedad o un contrato de arrendamiento, pero también un contrato de suministro de un servicio de la vivienda (agua, gas, electricidad, teléfono, etc.), o, incluso, no existir en absoluto (caso de la ocupación sin título de una propiedad ajena, sea pública o privada). En este último supuesto, el gestor municipal debería comprobar por otros medios (informe de Policía local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón, con completa independencia de que el legítimo propietario ejercite sus derechos ante las autoridades o tribunales competentes, que nunca serán los gestores del Padrón.

Cuando un ciudadano solicite su alta en un domicilio en el que ya consten empadronadas otras personas, en lugar de solicitarle que aporte el documento que justifique su ocupación de la vivienda, se le deberá exigir la autorización por escrito de una persona mayor de edad que figure empadronada en ese domicilio.

Esta resolución ha sido sustituida por la Resolución de 30 de enero de 2015, pero  sin haber cambiado en estos puntos  en la Ley de Bases de Régimen Local y en El Reglamento de Servicios, por lo que la interpretación de la instrucción anterior es presumiblemente ajustada a derecho y la nueva que la sustituye no la contradice al decir:

 

2.3 Documentación acreditativa del domicilio de residencia.

El Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde residen las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar constancia de un hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni por los derechos que puedan o no corresponder al vecino para residir en ese domicilio, ni por los derechos que podrían derivarse de la expedición de una certificación acreditativa de aquel hecho.

En consonancia con este objetivo, la norma fundamental que debe presidir la actuación municipal de gestión del Padrón es la contenida en el artículo 17.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, donde dice que los Ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad.

Por ello, las facultades atribuidas al Ayuntamiento en el artículo 59.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para exigir la aportación de documentos a sus vecinos tienen como única finalidad «comprobar la veracidad de los datos consignados», como textualmente señala el propio artículo.

En consecuencia, tan pronto como el gestor municipal adquiera la convicción de que los datos que constan en la inscripción padronal se ajustan a la realidad, deja de estar facultado para pedir al vecino ulteriores justificantes que acrediten aquel hecho.

Y, en concreto, la posibilidad de que el Ayuntamiento solicite del vecino «el título que legitime la ocupación de la vivienda» (art. 59.2 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales) no atribuye a las Administraciones Locales ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada, sino que tiene por única finalidad servir de elemento de prueba para acreditar que, efectivamente, el vecino habita en el domicilio que ha indicado.

Por ello, este título puede ser:

– Título de propiedad (Escritura, contrato de compraventa, Nota del Registro, comprobación de bases de datos municipales donde conste dicha propiedad, etc.)

– Contrato vigente de arrendamiento de vivienda para uso de residencia habitual acompañado del último recibo de alquiler.

El Ayuntamiento tiene la potestad de aceptar otros documentos, hechas las comprobaciones que considere oportunas (suministros de luz, agua, etc.).

Asimismo, el gestor municipal podrá comprobar por otros medios (informe de Policía local, inspección del propio servicio, etc.) que realmente el vecino habita en ese domicilio, y en caso afirmativo inscribirlo en el Padrón.

3. Casos especiales de empadronamiento

3.1 Empadronamiento en un domicilio en el que ya constan empadronadas otras personas.

Cuando un ciudadano solicite su alta en un domicilio en el que ya consten empadronadas otras personas, en lugar de solicitarle que aporte el documento que justifique su ocupación de la vivienda, se le deberá exigir la autorización por escrito de una persona mayor de edad que figure empadronada en ese domicilio. La persona que autorice deberá disponer de algún título acreditativo de la posesión efectiva de la vivienda (propiedad, alquiler…) a nombre de la misma.

Si, con ocasión de este empadronamiento, la Administración municipal advirtiera que las personas que figuran empadronadas en ese domicilio lo han abandonado, aceptará el empadronamiento de los nuevos residentes en la vivienda conforme al procedimiento ordinario, y, simultáneamente, iniciará expediente de baja de oficio en su Padrón de las personas que ya no habitan en ese domicilio.

3.2 Empadronamiento en establecimientos colectivos.

Cuando el alta se produzca en un establecimiento colectivo (residencias, conventos, etc.) la autorización deberá ser suscrita por la persona que ostente la dirección del mismo. En estos casos se hará constar en el apartado «tipo de vivienda» de la hoja padronal la mención «colectiva». En los demás casos, el tipo de vivienda es «familiar».

3.3 empadronamiento de personas sin domicilio.

Como se ha indicado anteriormente, el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón.

 

Viviendas turísticas en edificios residenciales.

El Juzgado de Primera Instancia nº 32 de Barcelona, de 20 de septiembre de 2012 había declarado que la actividad desarrollada por los propietarios de las viviendas destinadas al uso turístico es “molesta para los vecinos, comporta un uso excesivo de las instalaciones comunes y es contraria a la convivencia normal de la comunidad”, condenándo a cesar en dicha actividad.

 

Pero El TSJ de Cataluña en sentencia de fecha 19 de mayo de 2016 (Sentencia número 37/2016)  corrije esta sentencia, y desestima la demanda de unos vecinos de una comunidad de propietarios de un edificio donde había un piso de uso turístico. su decisión revoca la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que había considerado que la actividad desarrollada por los dueños de estos apartamentos turísticos era molesta para los vecinos y que “era contraria a la convivencia normal”.

El TSJ de Cataluña considera además que “el uso de la vivienda que nos ocupa en este recurso de casación con fines turísticos, no consta que estuviera prohibido en los estatutos comunitarios cuando se inició la actividad”.

Finalizando las discriminaciones de los trabajadores temporales. TSJUE.

El tribunal de Justicia Europeo ha dictaminado , en sentencia de 14 de Septiembre, que es discriminatoria la diferencia de indemnización por despido entre trabajadores temporales y fijos ( 12 frente a 20 días por año trabajado).

Se trata del principio de no discriminación, reflejado o en la Directiva 1999/70, que prohíbe que se apliquen a los temporales condiciones de trabajo “menos favorables” que a los fijos en una situación “comparable”, salvo que existan “razones objetivas” para ello.

Deja claro que la temporalidad de la contratación no es una razón objetiva para dicriminar.  El sexo de las personas tampoco debiera  serlo.