Tasas Municipales en Gran Canaria

MUNICIPIO TASA TIPO DOCUMENTO BOP
Las Palmas de G.C. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 3% las palmas ICIO 24/12/99
Las Palmas de G.C. Licencia Urbanística no establecida no establecida
Las Palmas de G.C. Licencia de Actividades 35.000122.000 Licencia Actividades Las Palmas 20/11/98
Telde Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 2.75% ICIO Telde 1/9/97
Telde Licencia Urbanística 22.000 Licencia Urbanistica Telde 1/9/97
Telde Licencia de Apertura Minimo 38.000 Licencia Apertura Telde 1/9/97
Telde Plusvalía 29/12/89modif 3/1/91
Arucas Impuesto Construcciones 3,1% Impesto Obras Construcciones Instalaciones Arucas 19/1/2001
Arucas Licencia Urbanística 1 % Licencias Urbanisticas Arucas 5/11/97
Arucas Actividades Ayuntamiento y BOP no sabenModificacion reglamento de actividades Ayuntamiento y BOP no saben
Arucas Plusvalia  29/12/2000
Teror Licencia Urbanística XX Licencia Urbanistica Teror 30/12/2000
Teror Impuesto de Construciones 2 % ICIO Teror
Teror Licencia de Apertura 75.000 Licencia de Apertura Teror 30/12/2000
Santa Brígida Impuesto Construcciones 2,4% ICIO Santa Brigida 29/12/99
Santa Brígida Plusvalia 22%*2%  anual Plusvalía Santa Brígida 29/12/99
Santa Brígida Impuesto Construcciones 2,4% ICIO Santa Brigida 29/12/99
Santa Brígida Licencias Urbanisticas 3%-4% Licencias Urbanisticas Santa Brigida 29/12/99
Santa Brígida L Apertura actividades 1.000-1.500 ptas m2 Apertura Sta Brigida 2/2/90
San Bartolomé de Tirajana Impuesto Construcciones
San Bartolomé de Tirajana Licencia Urbanística
San Bartolomé de Tirajana Ocupación Vía Pública
Agaete Licencia Urbanistica 0,5%acti. 15.000

30.0000

Licencia Urbanistica Agaete 10/11/2000
Mogan ICIO 2.6% icio mogan 14/2/2000
Mogan L apertura XX 31/12/92
Mogán L Urbanisticas 14/2/2000
Tejeda ICIO 2.4% tejeda ICIO 7/5/2001
Santa Lucia Apertura 615-840 ptas/m2 Apertura Sta Lucia 19/1/00
Santa Lucia IBI Santa Lucia IBI 19/1/00
Santa Lucia Licencia Urbanistica 0.2% Santa Lucia L Urbanistica 19/1/00
Santa Lucia Ocupacion suelo y vuelo sta lucia ocupacion 19/01/00
Santa Lucia documentos y direccion 5% STA LUCIA EXPEDICION 24/12/99
Santa Lucia ICO 2,24% Santa Lucia ICIO 24/12/99
Santa Lucia plusvalia sta lucía plusvalia 24/12/99
Aguimes plusvalia 27% incrmento 2% anual aguimes plusvalia (modifica)aguimes 24/12/9927/12/89 ,1/12/03
Agüimes Tasa licencia urbanpto min 490,05 €/m2 0,20% aguimes 1/12/032004
Agüimes ICIO 2.3% aguimes 27/12/99modif  tipo 18/12/02
Agüimes Tasa apertura aguimes aperturaaguimes 1/12/03 22/12/991/12/03
Ingenio ICIO 2.2% INGENIO ICIO 29/12/2000
ingenio actividades =cuota IAE inocuoas=2xiae clasificadas INGENIO APERTURA 29/12/200
Ingenio Licencia urbanistica 0,25% a 60. INGENIO SERVICIOS URBANISTICOS 29/12/2000
Galdar Galdar modificaciones licencias

 

 

 

Las Tasas se devengan por servicios que suponen un especial aprovechamiento del sujeto pasivo

No T aplicarla en el caso de licencias obtenidas por silencio administrativo porque no se ha dado la actividad que justifica su devengo.

tampoco creo legal las tasa por compulsa cuando no son documentos que se lleva el administrado sino que solo corresponde al sellado de las copias que se queda la administracion

– EL cambio de Titularidad en licencias no devenga Tasas

– No es exigible el pago anticipado del  Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) hasta la concesión de la Licencia de Obras

– La licencia de 1ª ocupación no tiene entidad

Malas prácticas de la Administración

 

Código de Malas Prácticas de la Administración

Espacios Libres

El interés general

¿Son nulos los derechos de visado o de intervención profesional cobrados por los colegios profesionales?

La gestión pública de la ejecución

La información 

Ponencias de Valores

Planeamiento versus Convenio Urbanístico

El principio de Legalidad

Licencia de Apertura / licencia de obra

Espacios Libres

En la mayoría de los planes están colocados en las zonas periféricas del ámbito o en terrenos impracticables.

Los espacios libres son edificados posteriormente , bien por el ayuntamiento, bien por modificaciones de planeamiento , puede constituir desviación de poder y originar derecho de reversión al expropiado o a los propietarios de los aprovechamientos del ambito.

El interés general

El interés de la administración es el interés general, que incluye la garantía del  ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos pero no es interés general el interés de los gobernantes , el interés corporativo de la administración, la voracidad recaudadora, la comodidad de los funcionarios, el interés de los partidos políticos ni los intereses corporativos de los funcionarios, políticos y corporaciones profesionales, empresariales y sindicales. todas estas son voluntades particulares que no deben empañar  el interés general (Véase Rousseau “El contrato Social”)

El interés público que se satisface en el planeamiento es la mejor ordenación urbana posible. También es interés general el cumplimiento de las previsiones legales , no constituye  la adjudicación de aprovechamientos urbanísticos para la administración “voluntariamente convenidos”  por los propietarios más allá del 10% de participación legal en los beneficios del planeamiento.

 

La gestión pública de la ejecución

la ejecución del planeamiento debe ser por iniciativa privada , solo se impone el sistema de ejcución pública como sistema subsidiario y muy justififcado. Hay administraciones que tienden a intervenir en todos los procesos urbanísticos con sus potestades discrecionales , poco entendibles cuando ya el planeamiento a fijado el interés público y puede ser ejecutado por los propietarios sin que tenga que meter las nariz la administración o su cohorte de empresas públicas de incierto interés y beneficio económico  público.

También hay que recordar que la ejecución pública de un plan comienza cuando está aprobado y no antes.

La información

Hay que recordar La transparencia de la actuación administrativa y el derecho a la  información de los ciudadnos no se agota en los 20 días de información pública de los instrumentos de planeamiento.

Hay un derecho constante y continuo a la consulta de los expedientes.

el propio RGU establece un mínimo de 4 horas diarias para consulta específica de planeamiento.

por supuesto que rige el derecho a obtener copias de los mismos, aunque pude que tengamos que abonar la tasa correspondiente.

Ponencias de Valores

las ponencias de valores  deben ir acompañadas de un estudio de mercado que sirva para justificar los coeficientes aplicados y no vale una interesada selección de los ciertos y supuestos valores de mercado solo para justificar el acierto de la propia ponencia. Además hay que recordar que el  valor de mercado no es directamente el precio que un determinado propietario o su agente piden por ese determinado inmueble, sino un promedio de transacciones reales de inmuebles similares y homogeneizados.

Planemiento versus Convenio Urbanistico

Observamos cada vez más que los nuevos aprovechamientos urbanisticos no se generan directamente por el planificador atendiendo a las necesidades actuales y previsibles del horizonte temporal del planeamiento, sino que son concedidos a través de modificaciones de planeamiento previo convenio donde se negocian supuestas compensaciones.

Los nuevos ámbitos no generan perjuicios al ayuntamiento que deban ser compensados, lo que generan son satisfacción de necesidades urbanas y sus costes son obligatoriamente asumidos por los promotores por lo que no hay nada que compensar, otra cosa es que se esté buscando un lucro para el ayuntamiento por encima de la participación legal 10% , que es una finalidad no ajustada a derecho . Esta práctica facilita que la discrecionalidad municipal se convierta en arbitrariedad fomentada por comisiones (delito de cohecho o prevaricación) en un urbanismo estilo Gil y Gil & Cª.

El principio de Legalidad

La Administración no  cumple con evitar los defectos que puedan dar lugar a la anulación del acto, tiene que actuar conforme a lo previsto en la norma.

Parece que se la administración está tendiendo a actuar discrecionalmente entendiendo por tal hacer lo que le dé la gana ( lo más cómodo o lo que más interesa al funcionario o al político de turno o incluso al interés corporativo de la administración distinto del interés general ) y al que no le guste que recurra (  que opte por perder su tiempo y  su dinero para conseguir la actuación conforme a derecho ) o que desista y trague.

Licencia de Apertura / licencia de obra

La licencia de apertura se está convirtiendo para la administración en un medio para comprobar obras realizadas sin licencia y condicionar la licencia de apertura a la previa legalización de la obra.

Esto es coacionante, si se detecta una obra sin licencia que se inicie expediente disciplinario para las correspondientes sanciones y que se legaliza o se demuela, pero no está vinculado con la licencia de apertura que se se agota en determinar si puede o no realizarse una determinada actividad.

Certificaciones del Registro de la Propiedad

 

La Certificación no sólo informa sino que da fe y el Registrador se responsabiliza de esa información.

Se solicitará por aquella persona que tenga un interés legítimo.

Clases:

  • Literales

  • De dominio

  • De dominio y cargas

  • De bienes de una persona

  • Negativas de personas o de fincas

Certificación de información continuada.

Se solicita (por duplicado) por el titular de la finca en que se especificará:
– Domicilio para las comunicaciones de las alteraciones en la situación de la finca (para que sea útil: el del comprador).

– Medio para recibirlas (correo, telegrama).

Durante 30 días se le informará de asientos de presentación sobre la finca y no podrá solicitar otra hasta pasados 20 días.

 

La expropiacion forzoza

LA EXPROPIACIÓN FORZOSA.

La forma más intensa y extrema de la actividad administrativa limitación es la que se concreta en la privación por destrucción o desposesión de un derecho o de un interés patrimonial de otro sujeto en favor de un interés público.

La privación de derechos e intereses patrimoniales en aras de un fin público no es, sin embargo, gratuita, porque unos y otros están protegidos por la llamada garantía patrimonial del administrado. En su virtud, la Administración está obligada a indemnizar por el montante de su valor toda “privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio”, así como por los daños que ocasione el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Además la garantía patrimonial del Estado está constitucionalmente consagrada en el art° 33,3 y en los arts. 106 y 121 de la Constitución, sobre la responsabilidad civil de la Administración y de los órganos judiciales respectivamente.

El Legislador español abordó la regulación conjunta de en la L.E.F. de 1954.

Nuestra Constitución no considera la propiedad como un derecho fundamental de naturaleza preconstitucional, regulable sólo por ley orgánica y susceptible de amparo directo, sino que la incluye entre los derechos que pueden ser regulados por ley ordinaria y sólo están garantizados ante los tribunales ordinarios por los modos comunes

se impone la función social de la propiedad rebajándose, el rango del derecho de propiedad, que pasa a ser un derecho constitucionalmente menor, regulable por ley ordinaria y carente de la protección del amparo constitucional.

LIMITACIONES, SERVIDUMBRES Y EXPROPIACIONES

las limitaciones a la propiedad y actividad de los particulares que van desde las restricciones compatibles con la titularidad del propietario a la desposesión.etc.

Sin duda la restricción más significativa de la propiedad inmueble sin nacionalización previa ha sido la eliminación del ius aedificandi en el suelo no urbanizable, que se instrumenta a través de los planes de urbanismo.

para determinar cuándo son indemnizables cuestión que se ha afrontado distinguiendo las limitaciones de las servidumbres y suponiendo que las primeras no son indemnizables, pero sí las segundas que vienen a configurarse como expropiaciones parciales.

No son en principio indemnizables las simples limitaciones generales puramente jurídicas, negativas del derecho de propiedad, como las impuestas por reglamentación de alquileres, de control de precios o sobre la propiedad agraria. Por el contrario las servidumbres restringen no tanto el contenido general del derecho de propiedad, cuanto su exclusividad, por lo que las facultades de la propiedad vienen a quedar divididas entre el propietario y el titular de la servidumbre de forma que, desde el punto de vista del propietario, la servidumbre consiste en un soportar algo. La dificultad del concepto de servidumbre está en diferenciarlo del amplísimo concepto de expropiación que formula la L.E.F.

En el Derecho español la expropiación forzosa, más que una técnica defensiva de la propiedad contra la desposesión, está directamente al servicio de la potestad expropiatoria que, como las restantes potestades administrativas, se ejerce de hecho a través de la técnica de la decisión ejecutoria que permite a la Administración alcanzar directamente su objetivo de apoderamiento de los bienes necesarios y resolver después.

 

La L.E.F. de 1954 refleja el modelo degenerado de la expropiación administrativa francesaNo es necesario que la privación del derecho sea plena, pues es expropiable también una parte solamente del haz de facultades que tal dominio o plena propiedad sobre una cosa o derecho comprenden.

La cesación de una actividad puede ser también, objeto de la expropiación.

El objeto expropiado ha de ser en todo caso una propiedad privada, excluyéndose, la posibilidad de expropiación sobre bienes de dominio público, aunque no de bienes privados de un ente público, como los bienes de propios de un Ayuntamiento. No obstante, debe advertirse que la inexpropiabilidad, como la inalienabilidad de los bienes demaniales, dura mientras dura la afectación del bien a un uso o a un servicio público; pero nada obsta a que con motivo de una obra pública una Administración se vea en la necesidad de expropiar un bien demanial de otra y que con este motivo se produzca una previa o simultánea desafectación.

LOS SUJETOS DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA

A) El expropiante: La condición de expropiante sólo se reconoce a los entes territoriales.  No pueden acordar la expropiación los entes que integran la Administración Institucional.

B) El beneficiario: Beneficiarios de la expropiación son los destinatarios de los bienes o derechos expropiados o los favorecidos por los ceses de actividad y obligados, por consiguiente, al pago del justiprecio; Pueden ser beneficiarios además de los propios entes territoriales, los entes institucionales y los concesionarios a los que se reconozca legalmente esta condición. Por causa de utilidad social, podrán ser beneficiarios, aparte de los indicados, cualquier persona natural o jurídica en la que concurran los requisitos señalados por la Ley especial necesaria a estos efectos.

A los que ostentan la condición de beneficiarios de la expropiación forzosa corresponde solicitar de la respectiva Administración expropiante la iniciación del expediente expropiatorio en su favor; Durante el curso del expediente, los beneficiarios pueden y deben impulsar el procedimiento; formular la relación de bienes necesarios para el proyecto de obras; convenir libremente con el expropiado a la adquisición amistosa, etc.

C) El expropiado: Ostentan la condición de expropiado, el propietario de la cosa o el titular del derecho de forma que con éstos se entenderán las actuaciones del expediente. Salvo prueba en contrario, la Administración considerará como expropiados a quienes consten como titulares de los bienes o derechos en los registros públicos que produzcan presunción de titularidad, o en su defecto, a quienes aparezcan con tal carácter en registros fiscales o finalmente al que lo sea pública y notoriamente. Además, serán también parte en el expediente quienes presenten títulos contradictorios sobre el objeto que se trata de expropiar y los titulares de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, así como los arrendatarios, cuando se trate de inmuebles rústicos o urbanos.

LA CAUSA DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA. EL REQUISITO DE LA DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO O SOCIAL

el motivo o finalidad que justifica el apoderamiento o sacrificio de un bien en favor de la Administración. Esta debe perdurar durante un tiempo, de tal forma que, si la causa de la expropiación desaparece antes de su transcurso, surge el derecho del expropiado a la reversión, derecho que consiste en la devolución de los bienes.

EL REQUISITO DE LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN

El requisito de la declaración de necesidad es un trámite que cumple diversas funciones, pues permite proceder a la singularización de los bienes a expropiar determinando la extensión necesaria para el respectivo proyecto o finalidad, precisar quienes ostentan la condición de expropiados, discutir la sustitución de los bienes elegidos por la Administración, etc.

 EL JUSTO PRECIO.

El “justiprecio” constituye la indemnización económica compensatoria por la pérdida de la cosa o derecho expropiado.

Criterios y reglas de valoración:

La Ley de Expropiación de 1954 no establece un criterio claro y único para la determinación del justiprecio. En todo caso, la Ley no parte de la simple valoración fiscal de los bienes porque ello supondría volver la espalda a realidades económicas elementales.

Esta ausencia de un criterium precio explica las reglas especiales de la L.E.F. sobre determinación del justiprecio, reglas en las que este viene dado por la media aritmética entre valores en venta y valores simplemente fiscales o con arreglo a otros criterios ad hoc.

No obstante estas precisas reglas de valoración, la Ley remite en definitiva, la determinación del justiprecio al valor real de los bienes, pero sin aclarar si dicho valor real se corresponde o no con el valor venal de mercado.

Este juego contradictorio de reglas precisas de valoración, por una parte, y dispensa de observarlas, de otra, por fuerza había de llevar, como así ha sido, a una gran inseguridad muy difícil de remediar por la jurisprudencia que en la mayor parte de los casos elude la cuestión del criterio central de valoración, reconociendo una gran libertad de apreciación al Jurado de Expropiación.

C) Conceptos lndemnizables y momento de la valoración:

El Tribunal supremo entiende que en los elementos integrantes de la valoración, se comprenden, en principio, todos los daños y perjuicio patrimoniales, incluyendo dicha indemnización en el justiprecio. Sin embargo, por disposición legal no cuentan para el justiprecio las plusvalias que sean consecuencia directa del plan o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro, ni tampoco las mejoras realizadas con posterioridad a la incoacción del expediente de expropiación que no serán objeto de indemnización, a no ser que se demuestre que eran indispensables para la conservación de los bienes. Las anteriores son indemnizables, salvo cuando se demuestre que se hubieren realizado de mala fe

En cuanto al momento de la valoración de los bienes expropiados, el  se “efectuará con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio”. el Tribunal Supremo ha precisado que ese momento se concreta en la fecha de la propuesta de adquisición en trámite amistoso.

LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO.*

A) El mutuo acuerdo: La Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o derechos que son objeto de aquélla libremente, y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido el expediente iniciado. En caso de que en el plazo de quince días no se llegara a un acuerdo, se seguirá el procedimiento ante el Jurado de Expropiación, sin perjuicio de que en cualquier estado posterior de su tramitación puedan ambas partes llegar a dicho mutuo acuerdo.

B) La fijación contradictoria del justiprecio. El Jurado Provincial de Expropiación.

El procedimiento de fijación se inicia transcurridos 15 días desde la citación para el convenio voluntario sin haberse alcanzado éste y en pieza separada en que se recogerá un extracto de las actuaciones intentadas para el mutuo acuerdo así como una exacta descripción del bien que ha de expropiarse.

Los expropiados, en el plazo de 20 días, deberán presentar hoja de aprecio, en la que se concrete el valor en que se estime el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones consideren pertinentes. La valoración ha de ser motivada y podrá estar avalada por la firma de un perito. La Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de los propietarios en igual plazo de 20 días.

Si la Administración o el beneficiario no aceptan la hoja de aprecio de la propiedad, formularán su propia hoja de aprecio que se notificará al propietario, el cual, dentro de los diez días siguientes, podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla. Si la rechazare podrá hacer las alegaciones que estime pertinentes.

Si el propietario rechazare el precio fundado ofrecido por la Administración o el beneficiario, el expediente de justiprecio pasa al Jurado Provincial de Expropiación el cual, a la vista de las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la Administración o el beneficiario decidirá ejecutoriamente sobre el justo precio que corresponda a los bienes o derechos objeto de la expropiación en el plazo máximo de 8 días. Excepcionalmente, dicho plazo podrá ser prorrogado hasta 15 días en total.

Las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación, que se toman por mayoría de votos, han de ser motivadas, razonándose los criterios de valoración seguidos en relación con lo dispuesto en la Ley. No obstante, el Tribunal Supremo viene dispensando de hecho esta exigencia legal al aceptar una motivación mínima, exhausta. La solución del Jurado que se notificará ultima la vía gubernativa, y contra la misma procederá tan solo el Recurso Contencioso Administrativo.

EL PAGO DEL PRECIO Y LAS RESPONSABILIDADES POR DEMORA. INTERESES Y RETASACIÓN.*

Una vez determinado el justiprecio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de 6 meses y se verificará en dinero y previa acta, que se levantará ante el Alcalde del término en que radiquen los bienes o derechos expropiados, si bien la parte expropiante y la expropiada podrán convenir otra forma y lugar de pago. Cuando el propietario rehusare recibir el precio se consignará el justiprecio por la cantidad que sea objeto de discordia en la Caja General de Depósitos, a disposición de la autoridad o tribunal competente. Igualmente, se consignará el precio cuando existiere cualquier litigio o cuestión entre el interesado y la Administración.

Cuando la Administración demora el pago más allá del plazo de 6 meses, la Ley trata de proteger al expropiado frente al perjuicio que le ocasiona recibir un dinero devaluado, imponiendo al beneficiario de la expropiación la obligación del pago de intereses y reconociéndole un derecho a la retasación del bien expropiado. En cuanto a los intereses, los arts. 56 y 57 de la Ley prevén su abono al expropiado.

La tasa de interés es la del Banco de España, según determinación anual en las Leyes de Presupuestos.

la retasación, que consiste en el derecho que le asiste de exigir una nueva valoración adaptada a las fluctuaciones del valor moneda si han transcurrido dos años desde la fijación del justiprecio sin haberse realizado el pago o su consignación.

LA OCUPACIÓN DE LOS BIENES EXPROPIADOS. MOMENTO DE TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD.

En la expropiación urgente el momento de la ocupación o toma de posesión de los bienes expropiados es el de la transferencia de la propiedad, pese a que en este caso el expropiado, no recibe antes de la ocupación el justiprecio fijado por el Jurado, sino un justiprecio provisional o “depósito previo a la ocupación”. En favor de esta tesis está la consideración de que por la ocupación y en su virtud se despoja al expropiado de todos los contenidos del derecho de propiedad. Estas facultades pasan íntegras a la Administración o al beneficiario que puede, desde el momento mismo de la ocupación, derruir los edificios existentes o realizar sobre el terreno las obras públicas que sirvieron de causa a la expropiación.

Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional para el que en las expropiaciones urgentes, el momento en que se produce el efecto traslativo de la propiedad o titularidad de los bienes y derechos expropiados “no depende del previo pago de la indemnización, careciendo de relevancia constitucional el momento en que se opere dicha transmisión de propiedad y, en consecuencia, que ésta se produzca de manera inmediata en el mismo momento en que se acuerda la expropiación”.

LA EXPROPIACIÓN URGENTE

El procedimiento de urgencia consiste, en una inversión de determinadas fases del procedimiento ordinario y en concreto en una anticipación de la ocupación de los bienes, que tiene lugar antes de la fijación definitiva y del pago del justiprecio que se pospone para el final del proceso. El procedimiento de urgencia, conforme determina el art? 52 de la L.E.F,, se inicia con la declaración de la urgente ocupación de los bienes afectados a que da lugar la realización de una obra o finalidad determinada. Al Consejo de Ministros corresponde hacer dicha declaración.

La ocupación ha de ir precedida del levantamiento del acta previa a la ocupación sobre los terrenos que han de ser expropiados, previa notificación a los interesados con una antelación mínima de 8 días. Los interesados pueden hacerse acompañar de sus peritos y de un Notario.

A la vista del acta previa de ocupación y de los documentos que obren o se aporten al expediente y dentro del plazo que se dijo, la Administración procederá a la formulación de las hojas de depósito previo a la ocupación que se calcula, en principio, según valores fiscales. También se incluirán las cifras de indemnización por el importe de los perjuicios derivados de la rapidez de la ocupación, tales como mudanzas, cosechas pendientes y otras igualmente justificadas.

Determinada la cantidad a que asciende, se procederá a la consignación del depósito previo en la Caja General de Depósitos; Efectuada la consignación del depósito previo o percibido en su caso por el expropiado, la Administración procederá a la inmediata ocupación del bien de que se trate, lo que deberá hacer en el plazo máximo de quince días.

Después de la ocupación, se tramitará el expediente de justiprecio por los trámites del procedimiento ordinario, es decir, por acuerdo amigable o por el Jurado de Expropiación y se procederá igualmente al pago de las diferencias en la forma común.

LA REVERSIÓN EXPROPIATORIA

El derecho de reversión en las expropiaciones urbanísticas

La reversión es el derecho que corresponde al expropiado o a sus causahabientes para recobrar la totalidad o la parte sobrante de lo expropiado, en el caso de no ejecutarse la obra o no establecerse el servicio que motivó la expropiación, abonando a la Administración su justiprecio. Este derecho se fundamenta en la prohibición de la realización de obras o el establecimiento de servicios distintos de los que dieron lugar a la expropiación La reversión se reconoce en cualquier tipo de expropiación, incluyendo las de carácter urbanístico.

Como señala GARCÍA DE ENTERRIA, la reversión debe calificarse como un fenómeno de invalidez sucesiva, sobrevenida a la expropiación por la desaparición del elemento esencial de la causa. La Jurisprudencia mayoritariamente ve en la reversión una condición resolutoria del negocio jurídico expropiatorio.

La reversión es además un derecho real de adquisición preferente, que como tal puede incluso anteponerse al derecho de los colindantes y los titulares de otros derechos reales inscritos en el Registro de la propiedad.

constituyen causas habilitante de la reversión la no ejecución de la obra o establecimiento del servicio que motivó la expropiación; la existencia de alguna parte sobrante de los bienes expropiados y la posterior desafectación de éstos.

El derecho de reversión en las expropiaciones urbanísticas

 

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Edificios Históricos en Vegueta y Triana

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La mayoría de los que se exponen no se encuentran Catalogados por el PlanEspecial de Proteccción, por lo que están en peligro de extinción

Licencias Urbanisticas Santa Brigida

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B.O. PROVINCIA DE LASPALMAS                               29 Diciembre 1999

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SANTA BRÍGIDA

Habiéndose elevado automáticamente a definitivo el acuerdo de aprobación provisional de la Ordenanza de establecimiento de la Tasa eImpuestos que a continua­ción se detallan, publicada en el Boletín Oficialele lit Provincia núm. 138, de fecha 15 de noviembrede 1999, se hace público el texto íntegro de las mismas al objeto de suentrada en vigor.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

 FUNDAMENTO Y REGIMEN

ARTICULO I. Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por cl artículo106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local yde acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley Urbanística, que seregulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en losartículos 20 a 27 de la Ley 39/88 citada.

HECHOIMPONIBLE

ARTICULO 2. El hecho imponible está determinado por la actividaddesarrollada con motivo de instalaciones, construcciones u obras, tendentes averificar si las mismas se realizan con sujeción a las normas urbanísti­cas deedificación y policía vigentes, en orden a com­probar que aquéllas seajustan a los Planes de Ordenan vigentes, que son conformes al destino y usoprevisto, que no atenta contra la armonía del paisaje y condicio‑

nes de estética, quecumplen con las condiciones técni­cas de seguridad, salubridad, higiene ysaneamiento, y, finalmente, no exista ninguna prohibición de interés artístico,histórico o monumental, todo ello como presu­puesto necesario de la oportunalicencia.

DEVENGO

ARTICULO3. La obligación de contribuir nacerá en el momento de comenzar la prestacióndel servicio, que tiene lugar desde que se formula la solicitud de la pre­ceptivalicencia, o desde que el Ayuntamiento realice las iniciales actuacionesconducentes a verificar si es o no autorizable la obra, instalación, primeraocupación de los edificios o modificación del úso de los mismos, que sehubiese efectuado sin la obtención previa de la correspondiente licencia.

Laobligación de contribuir, no se verá afectada por la denegación en su caso dela licencia, concesión de la misma con modificaciones de la solicitud, renunciao desistimiento del solicitante.

Juntocon la solicitud de la licencia, deberá ingresarse con el carácter de depósitoprevio, el importe de la Tasa en base a los datos que aporte el solicitante y loestable­cido en esta Ordenanza, sin perjuicio de la liquidación quecorresponda y que se apruebe en el momento de adoptarse la resoluciónadministrativa referente a la solicitud de la licencia.

SUJETOS PASIVOS

ARTICULO4. Son sujetos pasivos de ésta tasa, en concepto de contribuyente, las personasfísicas y jurídi­cas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienesy demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan unaunidad económica o un patri­monio separado, susceptible ele imposición; quesean propietarios o poseedores, o en su caso arrendatarios, de los inmuebles enque se ejecuten las obras o se realicen las construcciones o instalaciones.

Entodo caso tendrán la condición de sustitutos del contribuyente losconstructores y contratistas de las obras.

RESPONSABLES

ARTICULO5. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributariasestablecidas en esta Orde­nanza toda persona causante o colaboradora en lareali­zación de una infracción tributaria. En los supuestos de declaraciónconsolidada, todas las sociedades integran­tes del grupo serán responsablessolidarias de las infrac­ciones cometidas en este régimen de tributación.

Loscopartícipes o cotitulares de las herencias yacen­tes, comunidades de bienes ydemás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una uni­dadeconómica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, responderánsolidariamente y en propor­ción a sus respectivas participaciones de lasobligacio­nes tributarias de dichas entidades.

Seránresponsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de ladeuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas por las personas jurí­dicas,los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de suincumbencia. para el cumpli­miento de las obligaciones tributarias infringidas,con­sintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o aportenacuerdos que hicieran posible las infrac­ciones. Asimismo, talesadministradores responderán subsidiariamentc de las obligaciones tributariasque estén pendientes de cumplimentar por las personas jurí­dicas que hayancesado en sus actividades.

Seránresponsables subsidiarios los síndicos. interven­tores o liquidadores dequiebras, concursos, sociedades y entidades en **cncral, cuando por ne*=li*Icncilio mala fe no realicen las ‑‑‑estiones necesarias para el totalcum­plimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad adichas situaciones y que sean imputa­bles a los respectivos sujetos pasivos.

BASEIMPONIBLE Y LIQUIDABLE

ARTICULO6. Se tomará como base del presente tr­buto, en general, el costo real yefectivo de la obra, construcción con las siguientes excepciones:

Enlas obras de demolición: el valor de la  construc­ción a demoler.

Enlos movimientos de tierras como consecuencia del vaciado, relleno o explanaciónde los solares: Los metros cúbicos de tierra a remover.

Enlas licencias sobre parcelaciones y reparcelaciones: La superficie expresada enmetros cuadrados, objeto de tales operaciones.

Enlas demarcaciones de alineaciones y rasantes: Los metros lineales de fachada ofachadas del inmueble sujeto a tales operaciones.

Enla primera utilización de los edificios y la modificación del uso de losmismos: El total de metros cuadra­dos de superficie útil objeto de lautilización o modifi­cación del uso.

Aestos efectos se considerarán obras menores aquéllas que tengan por objetola realización de reformas, conservaciones o demoliciones que no afecten a laestructura, fachadas o cubiertas de edificios y no preci­sen andamios, siendosu tramitación efectuada por el procedimiento abreviado.

Noobstante lo anteriormente expuesto, precisarán de informe técnico previo lassiguientes obras menores:

En propiedad particular:

Adaptación, reforma oampliación de local.

Marquesinas.

Rejas o toldos en local.

Cerramientode local.

Cambio de revestimientos horizontal o vertical en local.

Rejas en viviendas.

Tubos de salida de humos.

Sustitución de impostas en terrazas.

Repaso de canalones y bajantes.

Carpintería exterior.

Limpiar y sancar bajos.

Pintar o enfoscar fachadas en locales, o viviendas con altura superiora 3 metros.

Abrir, cerrar o variar huecos en muro.

Cerrar pérgolas (torreones).

Acristalar terrazas.

Vallar parcelas o plantas diáfanas.

Centros de transformación.

Tabiquería interior en viviendas o portal (demolición o construcción).

Rótulos.

En la vía pública:

Anuncios publicitarios.

Vallados de espacios libres.

Instalaciones de depósitos.

Acometidas de Agua y Saneamiento.

Pasos de carruajes.

Instalaciones en vía pública (postes, buzones, cabinas, quioscos,cte.).

Conducciones aéreas.

Todas las demás obras no relacionadas en este aparta­do y que ademásno posean las características que en el mismo se expresan, tendrán laconsideración de Obra Mayor.

Para la determinación de la base se tendrán en cuenta aquellossupuestos en que la misma esté en función del coste real de las obras oinstalaciones: en las obras menores el presupuesto presentado por losparticulares y en las generales, el que figure en el proyecto visado por elColegio profesional correspondiente. Dichos pre­supuestos irán adicionados, encuanto a las obras mayo­res, con el porcentaje de Beneficio Industrial por larea­lización de la obra y la Dirección Facultativa, valorán­dose, en todoslos casos, por los Servicios Técnicos Municipales, si no fueran representativosde los precios en el momento de concederse la licencia.

Lo dispuesto en el número anterior se entenderá sin perjuicio de laliquidación municipal que se practique a

lavista de la declaración del interesado y la comproba­ción que se realice elela inicial, todo ello, con referencia a las obras cl*ectivamente realizadas y suvaloración real.

TIPOS DE GRAVAMEN

ARTICULO 7. El rendimiento del servicio vendrá determinado por lasiguiente tarifa, a lin ele obtener la tiutol’in,ulciacicín del mismo:

TARIFA MINIMA:

Construcciones, obras menores y demás instalaciones: 12.000 pesetas.

LICENCIAS: Para construcción, obras menores y demás instalaciones enfunción del Presupuesto:

Hasta 15.000.000 dle pesetas de Presupuesto                                   3%

De 15.000.001 hasta 25.000.000 pesetas                                          4%

De más de 25.000.000 pesetas

En los proyectos de viviendas de Protección Oficial que Llcojanvarias unidades de viviendas, se efectuará la liquidación de la siguientemanera:

Primero.‑ Se aplicará el porcentaje que resulte del pre­supuestomedio de cada vivienda (Presupuesto total pro­yecto, dividido entre el númeroele vivienda).

Segundo.‑ Este porcentaje se entenderá que se aplica sobre eltotal del presupuesto.

ALINEACIONES Y RASANTES:

Pesetas por unidad

OBRAS DE URBANIZACION:

       4% Sobre Presupuesto

PARCELACIONESY REPARCELACIONES:

Pesetaspor metro cuadrado:

Hasta10.0()0 mctros2.

De10.000 a 20.000 1112.

De20.000 a 30.000 m2.

Másde 30.000 metros2.

10.000pesetas

20 pesetas/m2.

30 pesetas/m2.

40 pesetas/m2.

50 pesetas/m2.

EXENCIONES, REDUCCIONES Y DEMAS BENE­FICIOS LEGALMENTE APLICABLES

ARTICULO 8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de laLey 8/89 de 13 de abril, no se reconoce beneficio tributario al‑:uno,salvo al Estado, Comunidad Autónoma y Provincia a que pertenece este Ayunta­miento,y los que sean consecuencia (le lo establecido en los tratados o acuerdosinternacionales.

NORMAS DE GESTION

ARTICULO 9. El tributo se considerará devengado  cuando nazca la obligaciónde contribuir a tenor de lo establecido en el artículo 2.° de esta Ordenanza.

Lascorrespondientes licencias por la prestación de servicios, objeto de estaOrdenanza, hayan sido éstas otorgadas expresamente, o en virtud de silencioadmi­nistrativo, e incluso las procedentes de acción inspecto­ra, se satisfaránen metálico por ingreso directo.

ARTICULO10. Las personas interesadas en la obtención de un licencia presentarán enel Ayuntamiénto la oportuna solicitud con especificación detallada de lanaturaleza, extensión y alcance de la obra o instalación, a realizar, lugar deemplazamiento, presupuesto por duplicado del coste real de la obra firmado porel que tenga a su cargo los trabajos, o por el facultativo com­petente, y engeneral, contendrá la citada solicitud toda la información necesaria para laexacta aplicación del tributo.

Lasolicitud podrá ser formulada por el interesado o por el contratista de lasobras, pero deberá hacerse cons­tar el nombre y domicilio del propietario delinmueble, del arrendatario del mismo cuando las obras se realicen por cuenta einterés de éste, así como la expresa confor­midad o autorización delpropietario.

ARTICULO11. Las solicitudes para obras de nueva planta, reforma esencial deconstrucciones existentes y, en general, pat‑a todas aquellas’que así loestablezcan, las Ordenanzas de Edificación de este Ayuntamiento, deberán irsuscritas por el ejecutor de las obras y por el técnico director de las mismas,y acompañadas de los correspondientes planos, memorias y presupuestos, visadospor el Colegio Oficial al que pertenezca el téc­nico superior de las obras oinstalaciones y en número de ejemplares y con las formalidades establecidas enlas referidas Ordenanzas (le Edificación.

Lassolicitudes por la primera utilización de los edif­cios deberán sersuscritas por el promotor de la cons­trucción, y su obtención es requisitoprevio indispensa­ble para poder destinar los edificios al uso proyectado,teniendo por objeto la comprobación de que la edifica­ción ha sido realizadacon sujeción estricta a los proyec­tos de obras que hubieran obtenido lacorrespondiente licencia municipal para la edificación y que las obras hayansido terminadas totalmente, debiendo, en conse­cuencia, ser obtenidas para suutilización. En los casos de modificación del uso de los edificios, estalicencia será previa a la de obras modificación de estructuras y tenderá acomprobar que el cambio de uso no contradice ninguna normativa urbanística yque la actividad realizada es permitida por la Ley y por las Ordenanzas, conreferencia al sitio en que se ubique.

ARTICULO12. En las solicitudes de licencia para construcciones de nueva planta deberáhacerse constar que el solar se halla completamente expedito y sin edifi­caciónque impida la construcción, por lo que, en caso contrario, habrá desolicitarse previa o simultáneamente licencia para demolición de lasconstrucciones.

Asimismo,será previa a la licencia de obras de nueva planta la solicitud de la licenciapara demarcación de alineaciones y rasantes, siempre y cuando el Departa­mentode Urbanismo así lo requiera.

Paralas obras que, de acuerdo con las Ordenanzas o Disposiciones de Edificación,lleven consigo la obliga­ción de colocar vallas o anclatnios. se exigirá elpago (le los derechos correspondientes a ese concepto liquidán­dose simultáneamenteala concesión de la licencia de obras.

ARTICULO13. La caducidad de las licencias deter­minará la pérdida del importe (le]depósito constituido. Sin perjuicio de otros casos, se considerarán incursosen tal caducidad los siguiente,;:

Primero.‑Las licencias de alineaciones y rasantes si no se solicitó la de construcciónen el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que fue practica­dadicha operación.

Segundo.‑En cuanto a las licencias de obras, en los siguientes supuestos:

Silas obras no se comienzan dentro del plazo de seis meses, contados, a partir dela fecha de concesión de aquéllas, si la misma se hubiese notificado alsolicitan‑. te, o en caso contrario, desde la fecha (le pago de losderechos.

Cuandoempezadas la obras fucran éstas Interrumpi­das durante un período superior aseis meses, y

Cuandono sea retirada la licencia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de lanotificación de la liqui­dación de los derechos correspondientes a la misma,sin perjuicio de su cobro por la vía de apremio.

ARTICULO14. La ejecución (le las obras queda suj e­ta a la vigilancia, fiscalizacióny revisión del Ayunta­miento, quién la ejerceráa través de sus técnicos y agentes.

Independientemente de la inspección anterior, los inte­resados vendránobligados a solicitar lit comprobación (le las obras en las f*tscs o estados determinados por 111 Ordenanza de Edificación.

ARTICULO 15. Los titulares de licencias otogadasen virtud de silencio administrativo, antes de iniciar las obras oinstalaciones, deberán ingresar el importe de la cuota correspondiente alproyecto o presupuesto de la obra o actividad a realizar.

ARTICULO 16. Las liquidaciones iniciales tendrán el carácterprovisional hasta que sean expedidas las corres­pondientes liquidacionesdefinitivas, previa comproba­ción administrativa del hecho imponible y de suvalora­ción, o bien haya transcurrido el plazo de cinco años contados apartir de la expedición de lit licencia sin haberse comprobado dichas liquidaciones iniciales.

Aestos efectos, los sujetos pasivos titulares de las

licencias,están obligados a la presentación, dentro del plazo de 30 días a contar desdela terminación de las obras o actividades sujetas a esta Tasa, de la correspon­dientedeclaración, a efectos de su constatación con los que figuran en la licenciainicial concedida. Su no pre­sentación dará lugar a infracción tributariaque se san­cionará conforme a lo establecido en esta Ordenanza.

Para la comprobación de las liquidaciones iniciadas y practicar lasdefinitivas, regirán las siguientes normas:

La comprobación afectará al hecho imponible que nohaya sido declarado por el sujeto pasivo o que lo haya sido parcialmente. Y encuanto a lo declarado, se deter­minará si la base coincide con las obras oactividades realizadas y con el coste real de las mismas.

La comprobación e investigación tributaria serealiza­rá mediante el examen de documentos, libros , ficheros, facturas,justificantes y asientos de contabilidad princi­pal o auxiliar del sujetopasivo, así como por la inspec­ción de bienes, elementos y cualquier otroantecedente o información que sea necesaria para la determinación del tributo.

A estos electos y de conformidad con lo autorizado enel artículo 141 de la Ley General Tributaria, los funcio­narios municipalesexpresamente designados en función de inspectores, podrán entrar en lasfincas, locales de negocios y demás establecimientos o lugares en que sedesarrollen actividades sometidas a gravamen por esta tasa. Cuando el dueño omorador de la finca o edificio o la persona bajo cuya custodia se halle elmismo, se opu­sieran a la entrada de los inspectores, se llevará a cabo sureconocimiento previa se opusieran a la entrada de los inspectores, se llevaráa cabo su reconocimiento pre­via autorización escrita del Sr. AlcaldePresidente de este Ayuntamiento; cuando se trate del domicilio parti­cular decualquier español o extranjero, se obtendrá el oportuno mandamiento judicial.

Cuando por falta de datos a suministrar por lostitula­res de las licencias no se pueda llegar en base a ellos a la valoraciónreal de la base imponible, se determinará ésta por estimación, fijándose losvalores reales con referencia a los que fijan los técnicos municipales conrespecto a los corrientes vigentes en el sector de la acti­vidadcorrespondiente, para lo que se tendrá en cuenta las valoraciones que se efectúenpor los diferentes cole­gios profesionales en relación con la actividad quecorrespondas, o en su defecto, por los medios señalados en el artículo 5°. dela citada Ley General Tributaria.

‑s ARTICULO 17. Las licenciasy las cartas de pago o fotocopias de unas y otras obrarán en el lugar de lasobras mientras duren éstas, para poder ser exhibidas a requerimiento de losAgentes de la Autoridad munici­pal, quienes en ningún caso podrán retirarlaspor ser inexcusables la permanencia de estos documentos en las obras.

ARTICULO18. En los cambios de titularidad de las licencias municipalesautorizadas por la Corporación se procederá a la actualización delpresupuesto de la obra objeto de la licencia, aplicándose sobre dicho valoractualizado los tipos de tarifa correspondientes y la cuota resultante, una vezdescontado cl importe de la Tasa abonada inicialmente por la licenciatransmitida, se ingresará en la Caja municipal por los derechos corres­pondientesa tal autorización .

ARTICULO 19. Para poder obtener la licencia para la primera utilizaciónde los edificios y la modificación del uso de los mismos será requisitoimprescindible que previamente se obtenga la liquidación definitiva de lalicencia concedida para la obra, instalación y construc­ción en general parala que se solicita la ocupación o modificación (le uso.

ARTICULO 20. Las sanciones que procedan por infracciones cometidas porinobservancia de lo dispues­to en esta Ordenanza, serán independientes de lasque pudieran arbitrarse por infracciones urbanísticas, con arreglo a lodispuesto en la Ley del Sucio y sus disposi­ciones reglamentarias.

ARTICULO 21. Constituyen casos especiales de infracción calificadosde:

Simples:

El no tener en el lu;;ar de las obras y a disposición de los agentesmunicipales los documentos a que se hace referencia el artículo 16 de lapresente Ordenanza.

No solicitar la necesaria licencia para la realización ele las obras,sin perjuicio de la calificación que proceda por omisión o defraudación.

Graves:

El no dar cuenta a la Administración municipal de mayor valor de lasobras realizadas o de las modifica­ciones de las mismas o de sus presupuestos,salvo que, por las circunstancias concurrentes deba calificarse de defraudación.

La realización de obras sin licencia municipal.

La falsedad de la declaración en extremos esenciales para ladeterminación de la base de gravamen.

ARTICULO 22. En todo lo relativo a la calificación de infraccionestributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará alo dispuesto en los artículos 77 y si*lluientes de la Ley General Tributa­riay demás normativa aplicable.

DISPOSICIONFINAL

Una vez se efectúe la publicación del texto integro de la presenteOrdenanza en el Boletín Oficial de la Pro­vincia, entrará en vigor, conefecto de 1 de enero del 2000, continuando su vigencia hasta tanto que se acuer­desu modificación o derogación.

 

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Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.Número 55, lunes 7 de Mayo de 2001 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO

DE TEJEDA

Habiéndose elevado automáticamente a definitivo,

elacuerdo provisional de CREACION DE LA ORDENANZA FISCALDEL IMPUESTO SOBRE

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS,

sehace público su texto íntegro, en cumplimiento de loestablecido en el artículo 17.4 de la Ley 39/88, de

28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

En Tejeda, a diecinueve de Abril de dos mil uno.

LA ALCALDESA, E. María Encarnación Domínguez

Afonso,firmado.

 

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES YOBRAS.

ARTICULO 1. HECHO IMPONIBLE.

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización,dentro del Término Municipal de Te j e d a , decualquier construcción, instalación u obra para la quese exija la obtención de la correspondiente licencia deobra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempreque su expedición corresponda a este Municipio.

2. Las construcciones, instalaciones u obras a que serefiere el apartado anterior podrán consistir:

a) Obras de construcción de edificaciones e insta-laciones detodas clases de nueva planta.

b) Obras de demolición.

c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen

su disposición interior como su aspecto exterior.

d) Alineaciones y rasantes.

e) Obras de fontanería y alcantarillado.

f) Obras en cementerios.

g) Cualquiera otras construcciones, instalaciones uobras que requieran licencia de obra urbanística.

A RTICULO 2. SUJETOS PA S I V O S .

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente,las personas físicas o jurídicas y las entidadesa que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria,propietarios de los inmuebles sobre los que serealicen las construcciones, instalaciones u obras siempreque sean dueños de las obras; en los demás casosse considerará contribuyente a quien ostente la condiciónde dueño de la obra.

2. Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos

del contribuyente quienes soliciten las correspondientes

licencias o realicen las construcciones, instalaciones

u obras, si no fueron los propios contribuyentes.

A RTICULO 3. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DE-VE N G O .

1. La base imponible de este impuesto está constituida porel coste real y efectivo de la construcción, instalación uobra.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar ala base imponible el tipo de gravamen.

3. El tipo de gravamen será el 2,40 por 100.

4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no sehaya obtenido la correspondiente licencia.

A RTICULO 4. GESTION.

1. Cuando se concede la licencia preceptiva se prac-ticará una liquidación provisional, determinándose labase imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sidovisado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicosmunicipales, de acuerdo con el coste estimado delproye c t o .

2. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivode las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportunacomprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartadoa n t e r i o r, practicando la correspondiente liquidación  definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole,la cantidad que corresponda.

A RTICULO 5. EXENCIONES.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18, regla 28 de la Ley 50/98, de 30 de Diciembre, de MedidasFiscales Administrativas y de Orden Social se reconocen los siguientes beneficios fiscales:

1. Por razón de la capacidad económica de los so-licitantes

se aplicará una reducción del 20% de la cuota para aquellas familias, previo informe de los ServiciosSociales, de escasos recursos económicos que no superenel doble del Salario Mínimo Interprofesional.

2. Las Instituciones o Entidades legalmente cons-tituidas, sin ánimo de lucro, que desempeñen su actividadsocial en el Término Municipal de Te j e d a .

3. El Estado, Comunidad Autónoma de Canarias, Cabildo de Gran Canaria e Iglesia Católica.

A RTICULO 6. INSPECCION Y RECAUDACION.

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán

de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tr i b u t a r i a.y en las demás Leyesdel Estado, reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas parasu desarrollo.

A RTICULO 7. INFRACCIONES Y SANCIONES.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como, a la determinación de las sancionesque por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria yen las disposiciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICION FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,comenzando a aplicarse a partir de esa fecha y con-tinuando en vigor hasta su modificación o derogaciónexpresa.

En Tejeda, a dieciocho de Abril de dos mil uno.

LA ALCALDESA, E. María Encarnación Domínguez Afonso, firmado.

 

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