Recursos Administrativos

Los recursos administrativos y las reclamaciones previas a la vía judicial y laboral son dos instituciones de pareja finalidad y contenido. Se trata de abrir una primera vía de revisión de la actividad administrativa ante la propia Administración a instancia de los particulares lesionados en sus derechos o intereses; pero, además, estas técnicas quieren impedir que la Administración resulte enjuiciada sorpresivamente ante los Tribunales Contencioso Administrativos, civiles o laborales, otorgándole un plazo de reflexión o respiro.

 

LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

LA LRJAP y del PAC., precisa los extremos que deben contener los escritos de los recursos administrativos:

a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación del medio, y en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

b) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. c) Lugar, fecha e identificación del recurrente.

d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.

e) Las demás particularidades exigidas.

La falta de alguno de estos elementos no es determinante de su admisión, salvo que la misma impida su tramitación. Este espíritu antiformalista que la Jurisprudencia ha asumido se refleja en la regla de que “el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter”.

La interposición del recurso no produce efecto alguno sobre la ejecución del acto administrativo que debe seguir adelante pese a dicha interposición, salvo que una disposición establezca lo contrario . Pero es posible solicitar la suspensión de efectos del acto impugnado, que podrá acordar el órgano a quien compete resolver el recurso, previa ponderación razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido.

Antes de la resolución del recurso es inexcusable cumplir con el trámite de audiencia en favor de terceros interesados en el procedimiento, a los que se dará traslado del escrito de recurso para que en un plazo de 10 días, aleguen cuanto estimen conveniente. Los recursos interpuestos contra actos declarativos de derechos en favor de terceros dan origen a un procedimiento triangular en el que la Administración ejercita una especie de actividad arbitral entre los intereses y derechos en conflicto, por lo que se impone la máxima igualdad procedimental.

Más dudoso es que la omisión del trámite de audiencia, que debe otorgarse al recurrente, lleve consigo la misma consecuencia, Perece que en este caso debe reducirse la invalidez a una simple anulabilidad, pues el recurrente no resulta privado de forma total o absoluta de su derecho a la defensa, que ya ejercita a través del recurso.

El trámite de audiencia no es, necesario cuando ni existen esos terceros interesados ni han de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario. La Ley determina que no tienen ese carácter de documentos nuevos los informes y las propuestas, como tampoco los documentos que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada.

La resolución de los recursos admite varias posibilidades: “estimación en todo o en parte o desestimación de las pretensiones formuladas”. En cualquier caso es necesario observar la regla de la congruencia, de forma que el órgano que resuelva el recurso estime o desestime las pretensiones formuladas por los interesados  La prohibición de la reformatio in peius, no estaba en la LPA anterior, pero una sólida Jurisprudencia había impuesto la regla prohibitiva que ahora recoge la Ley.


Reclamación Económico-Administrativa

Se dirigen a los Tribunales Económico.Administrativos contra actos de naturaleza tributaria

Plazo15 días hábiles, 1 año para resolver

posible reposición potestativa previa via economico administrativa

Gúía MAP Reclamación Económico-Administrativa.

Guía para formular una reclamación económico-administrativa


Recurso de alzada

(arts. 114 y 115 LRJAP y PAC)

Las resoluciones y actos de trámite, si éstos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.

El recurso, que habrá de fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 LRJAP y PAC, podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.

El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. No obstante, si el recurso de alzada se hubiera interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase resolución expresa sobre el mismo.

Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos procedentes.

Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la LRJAP y PAC reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

Guia MAP Recurso de Alzada.

 


Recurso potestativo de reposición

(arts. 116 y 117 LRJAP y PAC)

Objeto:    Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa 

Organo:     ante el mismo órgano que los hubiera dictado.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Plazo de interposición:  un mes

Plazo de Resolución: 2 meses
Ojo:  Recurso de reposición previo al economico administrativo (potestaivo no coincidente 15 días para interponer, 1 mes para resolver)

Guía MAP Recurso potestativo de reposición.


Recurso extraordinario de revisión.

(arts. 118 y 119 LRJAP y PAC)

Consiste en recurrir los actos firmes en vía administrativa, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 118.1 de la Ley 30/1992.

Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las condiciones siguientes:

  • Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
  • Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
  • Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
  • Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa 1ª, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

La formulación del recurso extraordinario de revisión no perjudica el derecho de los interesados a formular a la Administración la solicitud de revisión de oficio de los actos nulos o la instancia para la rectificación de errores materiales o de hecho ni su derecho a que las mismas se substancien y resuelvan.

El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando el mismo no se funde en alguna de las causas señaladas anteriormente o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.

El órgano al que corresponda conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

Guía MAP  Recurso Extraordinario de revisión.

 


 LAS RECLAMACIONES PREVIAS AL PROCESO CIVIL Y LABORAL

Los conflictos que se originan cuando la Administración actúa en régimen de Derecho privado se substancian ante la Jurisdicción civil y laboral. La presencia de la Administración, como demandada en los correspondientes procesos civiles y laborales, distorsiona su desenvolvimiento regular como consecuencia de la aplicación de reglas especiales relativas al fuero territorial de la Administración, suspensión de plazos para consulta, etc.

La más importante de estas singularidades, implica la sustitución de los juicios o actos de conciliación por las llamadas reclamaciones previas a la vía judicial civil y laboral, reguladas ahora en los arts. 120 a 126 de la L.R.J.A.P. y del P.A.C.

La reclamación previa es como una técnica sustitutiva del juicio de conciliación que se exige en los procesos civiles entre simples particulares y de otro lado, viene a ser un remedio de lo que son los recursos administrativos como fase previa al recurso contencioso-administrativo.

Esta reclamación es por definición legal un requisito previo al ejercicio de toda clase de acciones fundadas en el Derecho privado o laboral contra el Estado y organismos Autónomos, lo que hay que entender referido a las CCAA., y a los Entes Locales.

La Ley impone el trámite de una reclamación ante la propia Administración antes de plantear ante los Jueces civiles o laborales las acciones correspondientes a estos órdenes jurisdiccionales.

La reclamación previa, tiene como finalidad impedir un planteamiento judicial directo o sustituir, en su caso, a los conciliatorios previstos en los procesos civiles o laborales. Un segundo efecto consiste en la interrupción de los plazos de prescripción para el ejercicio de las acciones judiciales, que volverán a contarse a partir de la fecha en que se haya practicado la notificación expresa de la resolución o, en su caso, desde que se entiende desestimada la pretensión por el transcurso del plazo.

La reclamación previa a la vía judicial civil se dirige al órgano competente de la Adm. Pública de que se trate. Para la Adm. del Estado la ley indica que se planteará ante el Ministro del departamento que por razón de la materia sea competente.

Nada dice ahora la nueva Ley, sobre la necesidad de acompañar al escrito los documentos en que el interesado fundare su derecho. Ese deber de unir al escrito antecedentes necesarios se echa sobre la propia administración: en primer lugar, sobre el órgano ante el que se haya presentado la reclamación. Ya no es necesario, como antes, la remisión de los antecedentes a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, para la formulación, previas las diligencias oportunas del proyecto de orden resolutoria. Ahora esos informes son facultativos.

La resolución de la reclamación previa corresponde al Ministro u órgano competente y deberá notificarse al interesado; si la Administración no notificara su decisión en el plazo de 3 meses, el interesado podrá considerar desestimada su reclamación al efecto de formular la correspondiente demanda judicial.

A diferencia de la regulación anterior no se establece en la nueva la necesidad de plantear de forma inmediata la correspondiente demanda dentro de los dos meses siguientes a la notificación denegatoria o, en su caso, en el de 4 meses desde el transcurso de la resolución presunta. Eliminada dicha exigencia, la demanda civil podrá formularse en cualquier tiempo sin otra limitación que la derivada del plazo de prescripción del derecho material que se reclama.

Las reclamaciones previas a la vía judicial laboral deben dirigirse al Jefe administrativo o Director del establecimiento u organismo en que el trabajador preste sus servicios. Denegada la reclamación o transcurrido un mes sin haberle sido notificada resolución alguna, el interesado podrá formalizar la demanda ante la Magistratura del Trabajo en el plazo de 2 meses, salvo en las acciones derivadas de despido, en las que el plazo de la interposición de la demanda será de 15 días. Ahora la acción laboral podrá plantearse antes de que transcurra el plazo de prescripción del derecho que se reclame, sin necesidad de reiterar la reclamación previa.

Guía MAP Reclamación previa a la vía judicial civil.

Guía MAP Reclamación previa a la vía judicial laboral.


 

Recurso contencioso- administrativo

plazo: 2 meses desde el conocimiento del acto o 6 meses si es acto presunto por silencio administrativo

Procedimiento ordinario: comienza con escrito de interposición y posterior demanda